La Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) determinó que cubrirán la entrada al Carnaval de Oruro de este año, pero lo harán sin pagar el costo de las acreditaciones que exige el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO). Por su parte, el órgano sindical orureño calificó las protestas como una «campaña que busca dañar la imagen» de esa organización.
«Mañana (viernes), en la Asociación de Periodistas de La Paz, vamos a informar que la prensa internacional irá a cubrir el Carnaval, pero no le va a pagar ni un peso a este sindicato», dijo a Visión 360 Gabriel Romano Burgoa, presidente de la ACPI.
El lunes 10 de febrero, el STPO publicó un comunicado, en el que se especificaban los requisitos que deben cumplir los periodistas que van a cubrir la entrada del Carnaval de Oruro, que se realizará el sábado 1 de marzo.
Para poder registrarse, los periodistas deben pagar según la procedencia de los comunicadores, desde 20 bolivianos para trabajadores locales, hasta 230 para los corresponsales internacionales.
Este anuncio provocó reclamos de los periodistas fuera de Oruro, especialmente porque el monto se incrementó sin justificación en los últimos años. «Antes de la pandemia no había cobros para la acreditación. Fue en 2022 que empiezan a cobrar: primero, 50 bolivianos para los nacionales y 80 para los internacionales. Al siguiente año suben a 80 y 100, respectivamente, mientras que en 2024 los costos para corresponsales fueron de 200 y este año de 230», recordó Romano.
Las protestas comenzaron. La ACPI envió una carta al alcalde de Oruro, Adhemar Willcarani Morales; al secretario de Culturas, Víctor Hugo Cásque y al presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO), Ángel Arancibia Murillo, reclamando la «arbitraria imposición de cobros de acreditación para la cobertura periodística».
En la carta se recuerda a las autoridades que está prohibido que los periodistas paguen a sus fuentes. Asimismo, se recordó que va en contra de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO), la cual inscribió al Carnaval de Oruro en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En la declaración de salvaguarda de la organización, en los artículos 13 y 14, determina que las manifestaciones declaradas patrimonio deben ser difundidas y promocionadas sin restricciones.
Romano también recordó que, en 2010, la entonces ministra de Culturas, Zulma Yugar, eliminó la exclusividad de derechos de transmisión de dicha fiesta, por lo que el cobro es antiético e ilegal.
El dirigente contó que se comunicó con Estela Llanque, secretaria ejecutiva del sindicato, para explicar la posición de los corresponsales. «Me respondió que no estábamos obligados a pagar la acreditación, ni que tampoco nadie nos obliga a hacer la cobertura del carnaval», denunció.
Justificativo
Por su parte, Llanque publicó el miércoles un comunicado mediante un video en las plataformas del sindicato. En él asegura que la acreditación, con costos diferenciados, es para «garantizar la seguridad de los mismos profesionales», además de mantener el orden. También afirmó que no es la primera vez que se realiza y que antes no hubo problema.
«Esta acreditación, que siempre ha sido clara y organizada, tiene como objetivo garantizar el orden y la seguridad. Hablamos de uno de los eventos más importantes del país y el mundo entero. Queremos aclarar que la acreditación de los periodistas con costos diferenciados se ha realizado siempre con transparencia y sin ánimo de lucro», afirmó Llanque. En el video también acusa a quienes cuestionaron el cobro de organizar una «campaña que busca dañar la imagen del STPO».
En respuesta, Romano indica que Llanque «desconoce la realidad de los periodistas que trabajamos en la corresponsalía internacional». Explicó que, si bien hay reporteros de planta, la mayoría son freelancers y hacen colaboraciones eventuales. Asimismo, aclaró que muchos de ellos son bolivianos que despachan las notas para agencias del exterior.
«En una carta, que aún no recibí de forma física, ella (Llanque) me responde que esos fondos se dan porque tienen la obligación de incentivar y desarrollar la estabilidad de la institución y fortalecer su infraestructura. Es decir, estamos pagando para que eso vaya a un fondo en favor del sindicato, no a favor del Carnaval de Oruro», sostuvo.
Otras reacciones
La ACPI no fue la única organización en pronunciarse. Este jueves también lo hizo el Círculo de Mujeres Periodistas. Mediante una carta pidió la intervención del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya en el caso.
El pedido se fundamenta en la legislación de protección de los derechos humanos, además de exhortaciones de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI).
“Dichas instancias han presentado un reclamo a las instituciones responsables de organizar el Carnaval de Oruro, conforme a lo estipulado en la Ley 602. Este reclamo se centra en la imposición de cobros para la acreditación de periodistas nacionales y extranjeros, lo cual consideramos una violación a los derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información”, indica el texto.
La misiva también lamenta que «un gremio periodístico imponga restricciones a la cobertura y difusión de un evento cultural tan significativo como el Carnaval de Oruro, declarado Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO».
Visión 360 intentó comunicarse con Llanque, sin embargo, esta no respondió debido a que se encontraba en una reunión.
Via: Visión 360